Vargas Llosa y el Perú

Es muy grave que haya llegado a la comandancia general de la Policía alguien que miente y que mantiene relaciones negadas con personas vinculadas al tráfico de tierras, al sicariato y al chuponeo.

Durante los últimos días hemos visto una movilización de autoridades, instituciones y ciudadanos para hacer frente a las necesidades más urgentes.

Más nos vale decidirnos de una buena vez a adaptarnos al fenómeno global del cambio climático y mostrarnos a la altura del desafío mayor de nuestra generación.

La idea venía germinando durante los últimos meses, tanto más que los gobiernos pasaban sin mejorar la tenaz incapacidad para diseñar y ejecutar obras públicas de envergadura.

Los ciclos de la naturaleza no coinciden con nuestros ciclos políticos, la alteración de autoridades y en muchos casos la persistencia de vicios como la corrupción, la irresponsabilidad y la mentira.

Los desastres que nos amenazan no son solo naturales. Son sobre todo deficiencias de gestión pública

Esperemos que los riesgos que enfrentamos nos permitan por lo menos suspender el clima de polarización y conflicto en el que nos hemos acostumbrado a vivir.

El juez supremo Juan Carlos Checkley ha impuesto una segunda prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, esta vez de 36 meses por delitos ligados a la corrupción.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dará lectura esta tarde a su sentencia a propósito de una nueva prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo.

Desde su creación, el Día Internacional de la Mujer ha servido para poner el acento sobre una grave desigualdad que hemos heredado desde la más remota antigüedad.

El fallido golpe de Estado intentado por el expresidente Pedro Castillo debe servir como un parteaguas de nuestra historia política reciente.

La ciudad puneña de Juli ha sido escenario de violencias que recuerdan otras que se han venido produciendo desde el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

El dinamismo mostrado por la Fiscalía y sus equipos especializados anuncian resultados que servirán sin duda para reforzar la confianza de los ciudadanos en una institución decisiva en la lucha contra la delincuencia y la impunidad.

El Perú debe hacer lo posible por no aparecer en la compañía de países de deshonroso desempeño en materia de Derechos Humanos, como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Más nos vale contestar con la verdad.

El más elemental sentido común hubiera debido inspirar austeridad, cuando se tenía al frente un verdadero festival de ligereza e irresponsabilidad bajo la gestión del gobierno de Pedro Castillo.

¿Cuál es la mejor manera de responder a López Obrador? Pues evitando caer en diatribas de patio trasero y haciendo bien las cosas que nos corresponden.

En el caso de Alberto Fujimori, hubo un alto porcentaje que justificó lo que hizo el 2 de abril de 1992, pero pocas personas negaron que cometió un golpe de Estado. Y menos aún dijeron creer que fue el Congreso el que cometió un golpe de Estado contra él.

Es cierto que en este caso las pretensiones territoriales de Rusia no permiten por ahora imaginar lo que cada una de las partes podría ceder para detener las hostilidades. Por eso es que la guerra es le expresión más cruel y desalentadora del espíritu de autodestrucción.

Quizás la conmoción producida por el séxtuple asesinato a los seis miembros de una familia en San Miguel quede asociada con un punto de inflexión en la inercia de la criminalidad y la impunidad.

Cuando se descubrió su desbalance patrimonial, Toledo recurrió a la mentira y afirmó que la fuente del dinero era la reparación cobrada por su suegra a causa de la detención que sufrió durante el régimen que colaboró con el nazismo en Francia.

El partido debe cumplir una función de mediación entre el Estado y los ciudadanos. Por eso son instituciones de formación política y a la vez capaces de producir una síntesis de los conocimientos especializados sobre el país.

Utilizar la defensa de un golpista flagrante y “un ladrón de los nuestros” para violar un acuerdo internacional, deshonra los valores de la diplomacia mexicana y echa una sombra sobre una amistad que remonta al comienzo de nuestras Repúblicas.

Si el Congreso no toma acción hoy, en el posible último día de la legislatura, no se podrá adoptar una decisión sobre el calendario electoral hasta el próximo mes de agosto.

Dina Boluarte se reunió ayer Patricia Li y Keiko Fujimori, lideresas de Somos Perú y Fuerza Popular, respectivamente. Hoy continuará el diálogo entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos.

Al cabo de un cierto tiempo sin propuestas ni iniciativas, la presidenta de la República ha convocado a los dirigentes de los partidos políticos, con los que mantendrá un diálogo a partir de hoy.

Desdichadamente, aumentan los testimonios y las investigaciones que concluyen que al menos seis de los muertos en Ayacucho el 15 de diciembre fueron víctimas de balas del Ejército y que algunos de ellos no se hallaban implicados en las manifestaciones ni en la tentativa ilegal de tomar el aeropuerto.

Después de vacilaciones iniciales y sobre todo, de la acumulación de muertes, la presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso adoptar un calendario de adelanto.

En un comunicado publicado ayer, el grupo parlamentario de Fuerza Popular reprocha el “sabotaje” que habría impedido adelantar las elecciones generales.

No podemos dejar de reconocer que los huaycos matan porque el Estado ha sido incapaz de un ordenamiento territorial que evite la implantación de migrantes en áreas expuestas al riesgo.

El crimen en San Miguel parece asociado con disputas por algo que cada vez más se consolida como la causa oculta de muchos conflictos y mucha sangre: el tráfico de tierras y de propiedades.

El derecho a la protesta no significa en modo alguno libertad para incendiar sedes juiciales y comisarías, la toma de aeropuertos y el impedimento a que trabajen y se desplacen los que quieran hacerlo.

El Perú necesita un gobierno con unidad y transparencia que despierte confianza. Solo así podrá convencer, por difícil que sea, que su plan de adelanto de elecciones es lo que más conviene al país.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar el adelanto propuesto por el Ejecutivo, después de que fracasara el elaborado por la Comisión de Constitución?

Por supuesto que la causa profunda de la corrupción es de carácter moral, puesto que corromper y ser corrompido es ceder a la codicia y al imperio del dinero, sobre cualquier otra consideración.

Dina Boluarte afirmó que de no prosperar el adelanto de elecciones presentará inmediatamente dos iniciativas legales con carácter de urgencia al Congreso.

En los países de mayoría católica, los nuncios suelen ser los decanos del cuerpo diplomático y es en esa calidad que el actual nuncio en el Perú, Monseñor Paolo Rocco, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte.

El deber de un dirigente no es acatar sin visión propia lo que le parece ser clamor popular.

Ha hecho bien la canciller al denunciar que “algunos gobiernos" no hayan acompañado al Perú "en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”.

La vida es el valor supremo del Estado, pero la vida en común supone respetar la ley que nos hemos dado para que los conflictos se resuelvan de manera pacífica.

El Perú vive un momento difícil, lo que nos debería incitar a despreciar menos y comprender más.

San Marcos y la UNI convocaron de urgencia a sus instancias de gobierno y se resignaron con matices diferentes a la presencia indeseada de personas ajenas a la comunidad universitaria.

Lima es hoy la primera ciudad quechua-hablante del Perú y ha sido el destino de sucesivas migraciones. Que desde varios regiones vengan hoy compatriotas a marchar es un derecho constitucional, que debe ser ejercido en el marco de la ley y del respeto a los derechos de los demás.

¿Qué pasaría si las bancadas castillistas impiden que se vuelva a conseguir los 88 votos necesarios para hacer efectiva una reforma constitucional? Sobre todo ahora que han focalizado toda su estrategia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Ya hemos visto suficientes familias enlutadas, que ahora esperan resultados objetivos de las investigaciones en curso para saber en cada caso cómo y porqué fallecieron sus hoy parientes difuntos.

Nadie puede dudar que el número de muertos en las manifestaciones es abrumador; pero de ahí a vacar a la presidenta cuando el conflicto sigue vigente hay un largo trecho que hubiera sido mejor evaluar con más prudencia.

Las investigaciones fiscales deben establecer la verdad de los hechos y hacer saber quiénes son los instigadores de la violencia: grupos ligados al terrorismo, a la minería ilegal o a otras economías ilegales que gozaron de protección bajo la presidencia de Pedro Castillo.

Aunque Alberto Otárola ha cumplido con éxito una exigencia de su función, no es seguro que la obtención de confianza impresione mucho a quienes reclaman responsabilidades políticas.

Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para hallar una solución concertada a nuestros conflictos, pero sobre todo es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública.

La pasividad de la Policía ha llevado a cuestionamientos sobre una posible connivencia entre las autoridades del Distrito Federal de Brasilia y los promotores de la invasión.