Si alguna enseñanza debe dejarnos la nefasta gestión de Pedro Castillo es que las corrientes democráticas tienen que forjar consensos para restablecer la confianza de la población.

Dina Boluarte asume la responsabilidad de un Estado gravemente afectado por la falta de idoneidad de los funcionarios nombrados por Castillo y por la actitud sectaria de muchos de ellos.

Respecto de la torpeza del aprendiz dictador, algún día, quizás, sabremos qué ha podido pasar en la cabeza de Pedro Castillo para terminar de la peor manera posible.

La multiplicidad de testimonios convergentes deja pocas dudas sobre la falta de credibilidad de Pedro Castillo.

¿Podemos confiar en que la DINI bajo su autoridad producirá inteligencia sobre las amenazas a nuestra paz social, o será utilizada para garantizar la impunidad de Pedro Castillo y neutralizar a sus adversarios?

El último garante de nuestra constitución ha resuelto suspender “cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta del Consejo de ministros” de la semana pasada.

El documento que argumenta la vacancia de Pedro Castillo es el resumen mas preciso que se ha hecho hasta ahora para explicar por qué le conviene al Perú que el presidente sea separado del cargo que ganó en las elecciones del año pasado

La flamante presidenta del Consejo de ministros ha aprovechado sus primeras declaraciones para comprometerse a construir puentes de diálogo con la oposición, pero a la vez se ha referido a la denegación de la cuestión de confianza que habría precipitado la renuncia de su predecesor, Aníbal Torres.

Interpretando que el “rechazo de plano” de la cuestión de confianza constituye un “rehusamiento” de la confianza solicitada por Aníbal Torres, Castillo ha aceptado la renuncia del primer ministro y procederá a la renovación del gabinete.

Es lamentable que hechos criminales dominen la agenda pública y generen una demanda auto-sostenida de información

Aníbal Torres presentó un proyecto de ley para derogar una ley vigente que define los términos de la participación y el control de los ciudadanos.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió ayer la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo.

La vacancia, la renuncia y la sucesión presidencial, ¿sirvieron para algo? ¿Hemos aprendido algunas lecciones de la caja de Pandora que se abrió con la primera vacancia?

¿Cómo sorprendernos si el propio Pedro Castillo enfrenta seis investigaciones fiscales y sus abogados multiplican los recursos para que se paralicen las investigaciones?

Durante los últimos años hemos intentando casi todo, salvo lo más importante: concertar a través del diálogo un plan de salida de la crisis. Los problemas que nos hemos generado por acción u omisión, podemos y debemos resolverlos entre peruanos.

Ayer tuvo lugar una marcha pomposamente llamada La Toma de Lima que lo único que ha probado es que el presidente está dispuesto a todo lo que contribuya a sacar de la agenda el tema de la corrupción.

Burneo dejó en claro que, si no mejora la confianza, no habrá aumento de la inversión privada y en consecuencia nuestro crecimiento económico seguirá siendo incapaz de generar empleo digno.

Todavía no se ha apaciguado el impacto producido por sus declaraciones insultantes y misóginas contra la periodista Sol Carreño, pero Aníbal Torres ha creído oportuno abrir una polémica sobre puntos políticamente cruciales de nuestra Constitución.

La defensa de Pedro Castillo puede apelar y prolongar la situación de incertidumbre que perjudica al país, pero no puede afirmar que colabora con la Justicia.

Entre los turistas retenidos hay niños, ancianos y minusválidos que no tienen nada que ver con el conflicto que opone las comunidades a las autoridades del gobierno.

La solicitud suscita incertidumbre puesto que existe el precedente del rechazo del viaje de Pedro Castillo a Colombia para asistir a la investidura del presidente Gustavo Petro.

En esta época del año se produce una coincidencia de fiestas en torno al feriado que celebramos bajo el nombre oficial de Todos los Santos, pero el calendario católico universal se ve desbordado en la práctica por costumbres y variantes nacionales.

Pese al respaldo recibido, Jair Bolsonaro pasará a la historia como el primer presidente brasileño que no es reelegido.

Pedro Castillo volvió a nombrar ministro de Salud a un miembro de Perú Libre. Esta vez es la congresista Kelly Portalatino, quien ingresó al partido fundado por Vladimir Cerrón el 2020.

La falta de credibilidad del gobierno de Pedro Castillo es tal que hasta el levantamiento de la emergencia por el COVID-19 ha dado lugar a dudas y cuestionamientos. El exministro Oscar Ugarte ha sugerido que pueda tratarse de una maniobra de distracción.

Si no se impone la serenidad y las fricciones continúan, corremos el riesgo de tener que acostumbrarnos también a la polarización entre órganos del Estado que deberían colaborar para que se persiga el delito y se restablezca la confianza de los ciudadanos.

La gestión de Pedro Castillo ha sido particularmente desastrosa en materia de Salud Pública. En abril de este año nombró a Jorge López, quien tenía tanto tiempo libre que se dedicó a operaciones inmobiliarias e incluso a la venta de un tomógrafo a un empresario.

La facilidad de los desplazamientos, las migraciones, la integración al mercado internacional, el desarrollo de la tecnología y la explosión de las comunicaciones han obligado a los Estados a buscar las mejores condiciones para su inserción en el contexto internacional.

El presidente Castillo pronunció anoche un discurso a la Nación que se resumió en victimismo, complotismo e invocación a la Carta democrática interamericana.

En nuestra actual coyuntura política, el desafío mayor es hallar un equilibrio justo entre la inmunidad concedida al presidente y la lucha eficaz contra la corrupción.

La prisión preventiva de 34 meses impuesta por la Justica al excongresista José Luna Morales es una nueva prueba de la independencia de la Fiscalía y de su determinación de actuar en todos los frentes de nuestro espectro político.

Como en toda elección, debemos prestar atención a dos requisitos de la buena gestión: la idoneidad ética de los candidatos y la claridad de planes que puedan ser aplicados con eficiencia y rapidez.

El caso de Alegría confirma el sentimiento de impunidad con el que algunos candidatos solicitan el voto de los electores. Y evidencia la nefasta influencia del discurso oficialista contra la prensa independiente.

La confianza no se puede decretar y menos conseguir en base a palabras. Se gana en el terreno de la acción cuando hay que tomar decisiones difíciles y mostrarse capaz de corregir errores y resistir a presiones.

Que la conmemoración de hoy no consista en rituales huecos, sino en el ejemplo del general que supo renunciar para que se cumpla el sueño de un país libre y un pueblo soberano.

¿Cuánto está dispuesto a ceder Pedro Castillo en su intento de generar un “Consenso por el Perú”? Una indicación importante será el eventual nombramiento del próximo ministro del Interior.

Así termina su carrera en el gabinete uno de los cuatro ministros que persistían desde el inicio del mandato de Pedro Castillo.

Durante la elección del lunes, Williams dio pruebas de su determinación y a la vez de su olfato político: se negó a firmar un documento elaborado precipitadamente por dos bancadas, que lo comprometían a renunciar en caso de vacancia presidencial

En su discurso inaugural, Williams, general retirado del Ejército, se comprometió a trabajar para restablecer la confianza de los ciudadanos, que en efecto, expresan una generalizada desaprobación del Congreso.

El Ejecutivo avanza en su estrategia para garantizarse impunidad. El Congreso cede ante apetitos de partidos que dan la espalda a las necesidades de los más vulnerables y a las amenazas que se ciernen sobre la economía, la democracia y la paz social.

La reina Isabel II permaneció fiel al juramento pronunciado cuando falleció su padre, el rey Jorge VI, en 1952: respetar y hacer respetar la Ley y la Justicia.

El Congreso tendrá que decidir si censura o no a Willy Huerta, sin duda después de pronunciarse sobre el ministro de Transportes. Y claro, de elegir a su propio presidente, que todos quieren de consenso, aunque se multipliquen los postulantes al cargo y se silencie lo que unos saben sobre otros.

El exministro Mariano González anticipó que el gobierno intentaría obstruir la acción del equipo especial encargado de ejecutar las investigaciones fiscales sobre casos de corrupción en el Poder.

El día terminó con la inesperada censura de la presidenta del Congreso Lady Camones, quien cayó arrastrada por las revelaciones de un audio difundido la semana pasada.

Esta vez la prensa crítica del gobierno no fue denominada “mermelera”, sino “mercenaria”. Y se le contrapuso con representantes de lo que Torres llamó “prensa alternativa”, que, como por causalidad, mostraron su simpatía por el gobierno.

Castillo intenta potenciar su victimismo con la denuncia de la impunidad que protegería a delincuentes poderosos.

Lo que está en juego son treinta mil hectáreas y más de cien mil puestos de trabajo directos, así como nuevos ingresos de 1,500 millones de dólares anuales.

Lo grave de la hostilidad interesada contra Colchado es que ha conducido al descabezamiento de la Policía cuando nuestro país necesita más que nunca un comando policial motivado y profesional.

Una de las más graves consecuencias de los casos de corrupción del Poder es que nos obligan a vivir pendientes de audiencias judiciales. Lo que implica el riesgo de no prestar atención a políticas públicas que tienen menor impacto inmediato: creación de empleo.

Por respeto a esa democracia debería someterse al mandato de una Justicia independiente, en vez de atribuir a la Fiscalía una voluntad golpista. Si su “hija” es objeto de una grave requisitoria fiscal es por razones objetivas.