Al cabo de un cierto tiempo sin propuestas ni iniciativas, la presidenta de la República ha convocado a los dirigentes de los partidos políticos, con los que mantendrá un diálogo a partir de hoy.

Desdichadamente, aumentan los testimonios y las investigaciones que concluyen que al menos seis de los muertos en Ayacucho el 15 de diciembre fueron víctimas de balas del Ejército y que algunos de ellos no se hallaban implicados en las manifestaciones ni en la tentativa ilegal de tomar el aeropuerto.

Después de vacilaciones iniciales y sobre todo, de la acumulación de muertes, la presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso adoptar un calendario de adelanto.

En un comunicado publicado ayer, el grupo parlamentario de Fuerza Popular reprocha el “sabotaje” que habría impedido adelantar las elecciones generales.

Desde sus primeras publicaciones Vargas Llosa fue un intelectual comprometido, primero con causas de izquierda en el horizonte de la revolución cubana, y desde los años ochenta con posturas liberales en el campo económico y en el de los temas de sociedad.

No podemos dejar de reconocer que los huaycos matan porque el Estado ha sido incapaz de un ordenamiento territorial que evite la implantación de migrantes en áreas expuestas al riesgo.

El crimen en San Miguel parece asociado con disputas por algo que cada vez más se consolida como la causa oculta de muchos conflictos y mucha sangre: el tráfico de tierras y de propiedades.

El derecho a la protesta no significa en modo alguno libertad para incendiar sedes juiciales y comisarías, la toma de aeropuertos y el impedimento a que trabajen y se desplacen los que quieran hacerlo.

El Perú necesita un gobierno con unidad y transparencia que despierte confianza. Solo así podrá convencer, por difícil que sea, que su plan de adelanto de elecciones es lo que más conviene al país.

¿Qué posibilidades tiene de prosperar el adelanto propuesto por el Ejecutivo, después de que fracasara el elaborado por la Comisión de Constitución?

Por supuesto que la causa profunda de la corrupción es de carácter moral, puesto que corromper y ser corrompido es ceder a la codicia y al imperio del dinero, sobre cualquier otra consideración.

Dina Boluarte afirmó que de no prosperar el adelanto de elecciones presentará inmediatamente dos iniciativas legales con carácter de urgencia al Congreso.

En los países de mayoría católica, los nuncios suelen ser los decanos del cuerpo diplomático y es en esa calidad que el actual nuncio en el Perú, Monseñor Paolo Rocco, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte.

El deber de un dirigente no es acatar sin visión propia lo que le parece ser clamor popular.

Ha hecho bien la canciller al denunciar que “algunos gobiernos" no hayan acompañado al Perú "en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”.

La vida es el valor supremo del Estado, pero la vida en común supone respetar la ley que nos hemos dado para que los conflictos se resuelvan de manera pacífica.

El Perú vive un momento difícil, lo que nos debería incitar a despreciar menos y comprender más.

San Marcos y la UNI convocaron de urgencia a sus instancias de gobierno y se resignaron con matices diferentes a la presencia indeseada de personas ajenas a la comunidad universitaria.

Lima es hoy la primera ciudad quechua-hablante del Perú y ha sido el destino de sucesivas migraciones. Que desde varios regiones vengan hoy compatriotas a marchar es un derecho constitucional, que debe ser ejercido en el marco de la ley y del respeto a los derechos de los demás.

¿Qué pasaría si las bancadas castillistas impiden que se vuelva a conseguir los 88 votos necesarios para hacer efectiva una reforma constitucional? Sobre todo ahora que han focalizado toda su estrategia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Ya hemos visto suficientes familias enlutadas, que ahora esperan resultados objetivos de las investigaciones en curso para saber en cada caso cómo y porqué fallecieron sus hoy parientes difuntos.

Nadie puede dudar que el número de muertos en las manifestaciones es abrumador; pero de ahí a vacar a la presidenta cuando el conflicto sigue vigente hay un largo trecho que hubiera sido mejor evaluar con más prudencia.

Las investigaciones fiscales deben establecer la verdad de los hechos y hacer saber quiénes son los instigadores de la violencia: grupos ligados al terrorismo, a la minería ilegal o a otras economías ilegales que gozaron de protección bajo la presidencia de Pedro Castillo.

Aunque Alberto Otárola ha cumplido con éxito una exigencia de su función, no es seguro que la obtención de confianza impresione mucho a quienes reclaman responsabilidades políticas.

Cada muerte es expresión del fracaso de nuestra capacidad para hallar una solución concertada a nuestros conflictos, pero sobre todo es un fracaso del ejercicio pacífico de la autoridad pública.

La pasividad de la Policía ha llevado a cuestionamientos sobre una posible connivencia entre las autoridades del Distrito Federal de Brasilia y los promotores de la invasión.

Nadie puede poner en duda que el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes e impulsar reformas que garanticen el buen desempeño de nuestras instituciones. Pero eso no lo exime de asumir la responsabilidad que le compete en la crisis que estamos viviendo.

Lamentablemente, como en otros momentos desdichados de nuestra historia, la clase dirigente no parece haber reaccionado con unidad, como corresponde ante una amenaza a nuestra democracia.

Esos actores ilegales y violentistas disfrazan sus intereses con causas políticas, como el apoyo a Pedro Castillo y la exigencia de una Asamblea Constituyente.

Aunque hay una gran diversidad geográfica, cultural y política a lo largo de nuestro territorio, todas ellas enfrentan cuatro desafíos comunes: ganarse la confianza de la población, dar pruebas objetivas de luchar contra la corrupción, tomar medidas contra la delincuencia, ejecutar los presupuestos de que disponen.

Lo grave es que lleguemos a esta polarización con una descentralización mal hecha, obras paralizadas y ausencia de interlocutores capaces de traducir el descontento en propuestas realizables.

En la última columna de ‘Las cosas como son’ del año 2022, que me sea permitido invocar a todos a hacer un esfuerzo para aprender a escuchar y a respetar a los que no piensan como nosotros.

Avelino Guillén, intentó corregir el rumbo desviado que tomaba la jerarquía en la PNP, cuando integró el gabinete ministerial. Pedro Castillo desoyó entonces a su ministro del Interior y no tomó en cuenta lo que le advirtió. ¿Por qué?

Investigar, detener y sancionar a los que han envilecido el sentido de la jerarquía no es solo una reafirmación de los valores éticos que deben inspirar a una institución. Es también una decisión que permite garantías de eficacia en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Frente al Ejecutivo y al Congreso, sería ingenuo desconocer que existen fuerzas interesadas en que la violencia se reanude, alentada por banderas destinadas a orientar el descontento y la decepción.

En el mundo occidental, heredero del Imperio Romano, la navidad ha terminado por convertirse en una celebración más importante que la Semana Santa.

Alberto Otárola, sin embargo, tendrá que responder a la investigación fiscal sobre el uso de la fuerza, que como sabemos ha dejado un elevado saldo de muertos.

Esperemos que las elecciones anticipadas sirvan para disuadir a los que ceden a la tentación de la violencia. Y que aparezcan líderes que no se equivoquen en su diagnóstico de nuestro país y en sus propuestas para remediar nuestras carencias.

Más de veinte muertes después, todos dicen lo contrario pero algunas bancadas se las ingenian para decir “sí” al recorte del mandato y al mismo tiempo votar “no” al adelanto de elecciones.

El Estado debe reaccionar con energía y profesionalismo, lo que excluye el uso desproporcionado de la fuerza y por supuesto, la voluntad de sentirse al margen del control democrático.

En medio de ataques y destrucción, la justicia impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo.

Como en toda sociedad humana hay quienes tienen más razones que otros para protestar contra nuestra organización social. Pero nadie tiene razón si hace correr riesgos a la vida de otros, policías o civiles, andinos o costeños, propietarios o trabajadores.

Pedro Castillo probó ser un caso más de la larga serie de farsantes que han disfrazado su codicia y su ineptitud con declaraciones huecas de identificación con los intereses del pueblo.

¿No saben las cancillerías de los cuatro países firmantes que los ministros de Castillo renunciaron para no verse asociados con lo que ellos mismos percibieron como una ruptura del orden constitucional?

Si alguna enseñanza debe dejarnos la nefasta gestión de Pedro Castillo es que las corrientes democráticas tienen que forjar consensos para restablecer la confianza de la población.

Dina Boluarte asume la responsabilidad de un Estado gravemente afectado por la falta de idoneidad de los funcionarios nombrados por Castillo y por la actitud sectaria de muchos de ellos.

Respecto de la torpeza del aprendiz dictador, algún día, quizás, sabremos qué ha podido pasar en la cabeza de Pedro Castillo para terminar de la peor manera posible.

La multiplicidad de testimonios convergentes deja pocas dudas sobre la falta de credibilidad de Pedro Castillo.

¿Podemos confiar en que la DINI bajo su autoridad producirá inteligencia sobre las amenazas a nuestra paz social, o será utilizada para garantizar la impunidad de Pedro Castillo y neutralizar a sus adversarios?

El último garante de nuestra constitución ha resuelto suspender “cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta del Consejo de ministros” de la semana pasada.